(Caso Usaid) Difamación en medios masivos y redes sociales, un disparo a matar reputaciones
Es imperdonable y hay que perseguirlo por la salud moral y de la imagen de todos nosotros, advierte Cristián Jiménez
Cristián Jiménez, comunicador y analista Sobre la Mesa. (Ilustración: Pedro Ramírez).
Por Adalgisa Corcino
SANTO DOMINGO.- La prontitud de la información en la actualidad, se ha vuelto una amenaza que busca matar reputaciones a través de la inmediatez de datos y de narrar historias, sin constatarlas, que no son verificadas ni pasan por un filtro, sólo que por la premura del consumismo salvaje de las redes sociales y la agitación en los medios tradicionales.
Así lo planteó el comunicador Cristian Jiménez en su segmento “Sobre la Mesa”, a partir de una pregunta que le hicieran al presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa, sobre el rol del Estado en la fiscalización de la llamada “comunicación coprológica” y si sería posible regular los programas que acuñan el modelo de comunicar con un lenguaje soez y transmisión de mensajes vacíos.
Recordó que la postura de Abinader fue cuidadosa, quien expresaba que no debería haber publicidad estatal para este tipo de programas. Es decir, que con los fondos públicos del Gobierno, de los contribuyentes, que sea mal canalizada o llevada a esa sentina, es muy peligrosa.
Fake News, chantaje y campañas
“De campañas de chantaje, de fake news, de gente que no comprueba a veces por ignorancia o por lograr un alto impacto, de forma maliciosa o deliberadamente maliciosa, como entiendo que lo hizo el responsable de la campaña contra periodistas”, sostuvo el analista.
Las reflexiones de Jiménez tienen como fundamento, las declaraciones vertidas por un señor que ahora dijo no comprobó, confío en una fuente, “y para mí, aquí no hay ignorancia, es una persona con mucho tiempo en comunicación y política, es consultor”.
“Usted no me puede decir que un periodista de la talla de Huchi Llora tenía un sueldo en la Usaid. ¡No! Usted sabe que eso es mentira. Pero usted lo coloca con el nombre, le pone un monto, le pone una bandera y califica de agente y luego eso se esparce”, explicó el telepanelista.
Por medio de El Show del Mediodía, el comentarista político aclaró que ahora es fácil buscar desligarse cuando viene la avalancha legal porque hay demandas, decir me equivoqué, “tiene que haber consecuencias, eso no fue inocente, se viene dando desde hace un tiempo y ahora alcanzó un punto importante”.
Agregó que se sumaron personas que podían tener diferencias con esos periodistas y que tienen una manera de verlo distinta, “hubo gente cobrando cuentas políticas, víctimas de comentarios y que se sintieron agraviados y salieron al ruedo montándose en esta ola y opiniones diversas de gente que lo vio así”.
En la actualidad, sobre el peso y el contrapeso desde la comunicación crítica a partir de la libertad de expresión y el derecho de prensa, como la que se realiza en La Telerealidad, “un Gobierno con una comunicación adocenada se desproporciona, atropella y causa daño a la democracia, pero una sociedad con una comunicación contaminada, también produce mucho daño”.
Concerniente a una posible censura desde el control, por considerar a la difamación dañina, pero podría ser malinterpretación, cuando en Latinoamérica hay modelos cuasi dictatoriales que controlan las voces colectivas.
“Creo que el presidente hizo un planteamiento con cuidado, es muy delicado, no se fue con el entusiasmo por la situación de hoy y planteó ese control. A mí no me gustan los controles, la censura previa, la autocensura, creo que quien viole la ley, debe ir al tribunal, tiene que pagar en un tribunal”, recomendó Cristian Jiménez.
Respecto a la autocensura, dijo que es más peligrosa que al desborde de alguna persona, “lo que hay y se produjo amerita una necesaria contención, hay que ir a los tribunales y quedar detrás el tiempo en que las diferencias se ventilaban a tiros, tenemos a Orlando muerto, a otros periodistas… Narcisazo, Goyito”.
Recomendó a los comunicadores y periodistas en materia de tratamiento y difusión de información y relación con las fuentes, “tener más cuidado, no irse con el lanzamiento, hay cosas que uno sabe y que difícilmente, sean ciertas, porque rozan las fake news o la campaña difamatoria”.
Se debe ejercer una comunicación y un periodismo responsable que contribuya con la democracia y socialmente, y que el caso Usaid-periodistas sirva para reflexionar, “ver las cosas en conjunto y detenernos un poquito. Hay gente que por lograr fama y llamar la atención se atreve a salir desnuda en la 27 de Febrero y salir corriendo”.
Jaime Rincón y Rafael Paz
Al análisis se unió Jaime Rincón, quien aclaró que la difamación no es un fenómeno natural de las redes sociales, existe desde antes, “las mayores sentencias que tenemos en la República Dominicana, son los medios tradicionales y no en redes sociales, a pesar de que las redes sociales tienen 20 años de haberse creado”.
Rafael Paz anotó unos puntos interesantes, como recordar que el origen de la denuncia del caso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) no es local, sino es el producto de una declaratoria de los Estados Unidos, de que “la Usaid constituye el mayor acto de corrupción en la historia de ese país”.
Desde el escándalo de los supuestos salarios a periodistas dominicanos y que hay más de 6,400 periodistas y más de 600 medios de comunicación de 70 países financiados por la Usaid.
Jiménez explicó que ningún medio masivo ni funcionario norteamericano ha señalado a periodistas dominicanos, “no se le puso nombre ni apellidos, no aparecen los nombres de nosotros”.
“Hubo gente, que maliciosamente, tomó nombres, apellidos, les puso sueldos y bandera y los tipificó de agentes y les hizo un daño tremendo que no puede corregirse con una simple excusa. Es imperdonable y hay que perseguirlo por la salud moral y de la imagen de todos nosotros”, concluyó el experto comunicador.
Ley Núm. 6132 Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento
La difamación en la Ley Núm. 6132 establece, que es libre la expresión del pensamiento, salvo que se atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública.
Esta normativa castiga la difamación y la injuria, considerados como delitos que atentan contra la dignidad y el honor de las personas.