Por El Nuevo Diario
AUSTRIA.- La República Dominicana presentó ante el órgano permanente especializado de las Naciones Unidas el informe con los principales avances alcanzados en la prevención y combate a la corrupción mediante la promoción de la integridad, la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas, en el que destaca la recuperación de más de 6 mil 300 millones de pesos y la judicialización de reclamos por más de RD$136 mil millones.
En un documento titulado Informe País, la representación dominicana expone que “el esfuerzo desplegado por las instituciones nacionales ha contribuido a implantar un cambio cultural en la protección del patrimonio público y contribuir a mejorar los índices nacionales e internacionales de percepción sobre corrupción e impunidad”.
“Estos indicadores constituyen prueba de que la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la legalidad institucional y la confianza ciudadana para la consolidación del Estado Social Democrático de derecho y el desarrollo sostenible”, indica la República Dominicana en su Informe ante (Uncac), con la presencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (Unodc).
Mediante una nota de prensa se indicó que de acuerdo al informe, los resultados alcanzados confirman que la lucha contra la corrupción y la gestión transparente de los recursos públicos genera impactos medibles en el bienestar colectivo.
Y apunta que durante la actual gestión gubernamental, encabezada por el presidente Luis Abinader, el déficit habitacional cualitativo se redujo de 32.2 % en 2018, a 27.6 % en 2024, cuando más de 14 mil 800 viviendas nuevas fueron entregadas.
En materia social, 2.51 millones de personas se incorporaron al sistema de seguridad social en los últimos cuatro años, mientras que en el ámbito económico el PIB per cápita registró un crecimiento de 34.16 % entre 2019 y 2024. Agrega que a nivel internacional, la República Dominicana ascendió 33 posiciones en el Índice de Transparencia Internacional entre 2020 y 2024.
El documento ratifica la voluntad del Gobierno Dominicano de seguir trabajando de la mano con los Estados miembros la UNCAC “porque los desafíos globales sólo se vencen con respuestas colectivas”.
Igualmente destaca que en el último trimestre se plasmaron importantes avances y logros tras la promulgación de leyes que facilitan el combate a la corrupción, mediante la tipificación y sanción de nuevos ilícitos penales, contenidos en las nuevas normas nacionales, como la Ley Núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal; y la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, que dispone un nuevo régimen de consecuencias administrativas, tipificaciones penales y responsabilidad patrimonial para funcionarios y servidores públicos, tales como violación a las inhabilidades, soborno y colusión.
El informe está basado en los resultados correspondientes a las instituciones nacionales comprometidas directamente con la estrategia de prevención y lucha contra la corrupción. Se trata de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP); Dirección General de Aduanas (DGA); Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA); Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); Procuraduría General de la República / PEPCA; Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP); Poder Judicial; y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El documento entregado por la embajadora dominicana adscrita a la DIGEIG en Viena, Austria, Gilka Meléndez, y por la comisión dominicana representada por el doctor Fernando Henríquez, Director del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), y la doctora Delta Paniagua, directora Jurídica de la DIGEIG, reafirma el compromiso del país de seguir construyendo instituciones sólidas, abiertas y confiables, porque sólo así podemos garantizar un futuro más justo e inclusivo para las próximas generaciones”.
El informe resalta que en el año 2024, el Congreso Nacional aprobó una Reforma Constitucional que limita el ejercicio de la presidencia a dos períodos, poniendo fin a la tendencia de la reelección indefinida que tanto daño ha causado a nuestra democracia. Esta trascendental iniciativa fue propuesta por el ciudadano presidente Luis Abinader Corona, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento institucional y el respeto a los principios democráticos.
De igual manera destaca el reiterado compromiso con la institucionalidad democrática, significando que en la reciente elección de los miembros de la Cámara de Cuentas y de las Altas Cortes, respetando plenamente las disposiciones constitucionales, se atendió la voluntad expresada por la sociedad civil en favor de la independencia del órgano de control externo y de las Altas Cortes.
Resumen de datos relevantes
Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP). La República Dominicana ha consolidado una política en materia de recuperación de bienes distraídos del patrimonio público. El ERPP, creado por el presidente Luis Abinader, responde a la demanda social de erradicar la impunidad y rescatar los recursos del Estado afectados por actos dolosos, en plena coherencia con su visión de finanzas públicas transparentes.
Resultados alcanzados (al mes de agosto de 2025): En poco más de 50 meses, el ERPP ha logrado recuperar efectivamente más de RD$6,300 millones y ha judicializado reclamos por más de RD$136,000 millones. Este esfuerzo ha tenido repercusión social al instalar un cambio cultural en la protección del patrimonio público y contribuir a mejorar los índices nacionales e internacionales de percepción sobre corrupción e impunidad.
Dirección General de Aduanas (DGA). Durante este período, la DGA alcanzó cifras históricas en la lucha contra el contrabando y los ilícitos aduaneros: 4.8 millones de municiones incautadas, más de USD 24.4 millones en divisas ilícitas decomisadas, 175.8 millones de cigarrillos de contrabando y 3.9 millones de artículos que violaban derechos de propiedad intelectual.
La cobertura tecnológica pasó de un 40% en 2015–2020 a un 96% en 2020–2025, incrementando la capacidad de revisión de 160 a más de 1,500 contenedores diarios. Se incorporaron scáners móviles, bodyscans y cámaras corporales en 11 puertos, con más de 275 inspecciones en tiempo real. El Motor de Riesgos, con 188 indicadores dinámicos (vs. 6 en el período anterior), permitió mayor trazabilidad y reducción de discrecionalidad.
En 2023, la DGA se convirtió en la primera aduana del Caribe certificada con la ISO 37001 Antisoborno, instaurando protocolos de denuncia segura y controles internos más estrictos, amplió su participación en el Programa de Control de Contenedores (CCP) y firmó Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) con El Salvador, India y países de América Latina.
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA). Durante este período, PROCOMPETENCIA ha consolidado un sistema integral para prevenir y sancionar la colusión y la corrupción en contrataciones públicas, además tipificado y sancionado por el nuevo Código Penal.
Se destacan la firma del acuerdo estratégico con la Dirección General de Contrataciones Públicas, la capacitación de más de 1,000 funcionarios de 150 instituciones estatales, la creación de la Guía para la Prevención y Detección de Colusión y el establecimiento del primer Observatorio de Competencia en Compras Públicas de la región, que permite a la ciudadanía monitorear en tiempo real los procesos de contratación.
En el plano normativo, Procompetencia presentó recomendaciones claves que fueron insertadas en la nueva ley de Contrataciones Públicas, orientadas a eliminar barreras de entrada, fortalecer la transparencia y crear sistemas de alerta temprana. Asimismo, sancionó el primer caso histórico de colusión en la República Dominicana y actualmente investiga sectores sensibles como salud y alimentación.
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Durante el período 2020–2025, la DNCD ha alcanzado cifras históricas en decomisos de sustancias ilícitas, consolidando su rol como pilar en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Sólo entre enero y agosto de 2025 se incautaron 36,922 kilogramos de drogas, sumados a récords previos como la Operación Pantera 7 en 2024, con 9.8 toneladas de cocaína, el mayor decomiso en la historia del país.
Más allá de las incautaciones, la DNCD ha fortalecido un enfoque integral que combina prevención, capacitación, tecnología y cooperación internacional. En prevención, realizó más 1434 actividades formativas, beneficiando a 48,000 personas. Asimismo, se creó el Departamento de Drogas Sintéticas y Nuevas Sustancias Psicoactivas, anticipando amenazas emergentes.
La modernización tecnológica incluyó el proyecto DNCD Digital, sistemas de trazabilidad de sustancias, validación electrónica de recetas, aplicaciones móviles para denuncias ciudadanas y drones y radares de última generación.
Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). La República Dominicana se ha consolidado como referente regional en materia de transparencia y participación presupuestaria. Según la Encuesta de Presupuesto Abierto 2023, el país ocupa el primer lugar en América Latina y el cuarto a nivel mundial en participación ciudadana, así como el tercer lugar regional en transparencia fiscal.
La DIGEPRES ha sostenido más de 250 semanas consecutivas de reportes abiertos de ejecución del gasto, en formatos diarios, semanales, mensuales y anuales, incorporando enfoques de género, cambio climático y gestión de riesgos. Asimismo, se han realizado Encuentros Ciudadanos que garantizan el diálogo directo entre la sociedad civil y el Estado sobre el uso de los recursos públicos.
En el ámbito fiscal, la deuda administrativa se redujo de 25 % a 3 % entre 2020 y 2024, y en 2024 se logró el primer superávit primario en un año electoral en cinco períodos.
Procuraduría General de la República / PEPCA. En la etapa más reciente se han registrado resultados trascendentes en materia de persecución judicial. Entre ellos, la sentencia del caso Juan Alexis Medina y compartes, que condenó a ocho imputados y ordenó el decomiso de bienes muebles e inmuebles.
Asimismo, la Operación Lobo desarticuló una estructura criminal vinculada a contrataciones de seguridad privada, con 10 personas bajo medida de coerción. Este caso provino de una denuncia de la DIGEIG. También se dictó sentencia en el caso Agricultura, igualmente derivada de una denuncia de la DIGEIG.
En el plano normativo, se destacan la promulgación de la nueva Núm. Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas y la del nuevo Código Penal (2025), ambos con nuevos tipos penales que refuerzan la persecución de la corrupción.
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La promulgación de la nueva Ley Núm 47-25 de Contrataciones Públicas, constituye una herramienta vital para combatir la corrupción en la materia, al establecer un régimen de consecuencia a los funcionarios y servidores que violenten dicha norma.
En controles, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) y el Sistema de Alertas Preventivas y Reactivas (SAPR) permiten el monitoreo preventivo en tiempo real. Se emitieron más de 112,000 alertas y se cancelaron 517 procesos sospechosos, protegiendo RD$43,000 millones. Se remitieron 13 casos al Ministerio Público, se anularon 35 contratos, y se sancionaron 567 proveedores suspendidos y 152 inhabilitados.
Poder Judicial. El Poder Judicial, ha dado pasos significativos para la implementación de la Justicia Abierta, sobre los pilares trazados por Open Gorvernment Partnership (OGP), y el apoyo de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), la Red Internacional Justicia Abierta (RIJA), y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, (DIGEIG), para la consolidación de una Justicia Abierta centrada en las personas.
En el mismo orden, la Suprema Corte ha avanzado en la reducción de la mora judicial y la modernización tecnológica: Entre 2019 y 2024, el 73% de los tribunales están al día; se digitalizó el Boletín Judicial desde 1913 y se publican todas las sentencias en línea; se implementó la firma electrónica obligatoria en todos los tribunales; por la Ley Núm 2-23 sobre recurso de casación, se redujo el tiempo de resolución de 2 años a 27 días promedio, con 98 % de efectividad.
Unidad de Análisis Financiero (UAF). La UAF se ha consolidado como eje de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con autonomía técnica y operativa. Participa activamente en GAFILAT y el Grupo Egmont y hasta la fecha ha coorganizado el World Compliance Forum en Santo Domingo, con más de 50 expertos internacionales en IA, criptoactivos y ciberseguridad.
La UAF recibió un reconocimiento por su liderazgo en la lucha contra delitos financieros
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). En la etapa más reciente de reformas institucionales, la DIGEIG ha promovido avances decisivos que consolidan el compromiso del Estado dominicano con la transparencia, la integridad pública y la lucha contra la corrupción impulsando, con el acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Crecimiento Económico, OCDE, la Estrategia de Integridad de la República Dominicana con la participación de los poderes públicos, las academias, la sociedad civil y el sector empresarial.
En esta ruta, el pasado 22 de agosto finalizó la tercera etapa de visitas a la nación de OCDE, que se caracterizó por la entrega y análisis del diagnóstico con los técnicos designados por los ministerios y órganos del Estado participantes.
Por primera vez se penalizó mediante el decreto No. 166-25 el incumplimiento de la entrega de información pública a los ciudadanos y continúa trabajando en su rol de seguimiento al cumplimiento de la convención de la ONU.
Fuente: elnuevodiario.com.do
