Abinader prioriza a las mipymes en compras públicas de programas sociales
La medida procura ampliar la participación de las mipymes industriales en las compras del Estado, estimular la producción local y favorecer la generación de empleos en el país.
ENFRENTADOS NEWS .- El presidente Luis Abinader emitió este lunes el Decreto 672-26, que dispone dirigir exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias de producción nacional determinadas contrataciones vinculadas con programas sociales ejecutados por instituciones públicas.
La medida procura ampliar la participación de las mipymes industriales en las compras del Estado, estimular la producción local y favorecer la generación de empleos en el país.
La disposición comprende adquisiciones relacionadas con programas de alivio de la pobreza, alimentación, vestimenta, útiles escolares, materiales didácticos, productos esenciales para la salubridad y la dignidad humana, así como iniciativas destinadas a proteger sectores vulnerables.
Compras directas a productores nacionales
Las instituciones alcanzadas por el decreto deberán contratar los bienes y servicios correspondientes con mipymes industriales de producción nacional, siempre que estas cuenten con capacidad para cumplir los requerimientos de cantidad y calidad establecidos.
Los productos deberán ser de origen nacional, encontrarse en territorio dominicano y adquirirse sin intermediarios. La intermediación solamente será admitida cuando exista una autorización previa, directa y por escrito del productor.
Las entidades contratantes deberán establecer en sus pliegos los mecanismos para comprobar tanto el origen nacional de los bienes como la condición de mipyme industrial o productor industrial nacional de los oferentes.
La exclusividad prevista en el decreto queda condicionada a que exista capacidad productiva suficiente para responder a las necesidades de las instituciones públicas en las cantidades y especificaciones requeridas.
Instituciones alcanzadas por la medida
Entre las entidades incluidas figuran Supérate, la DASAC y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), además de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación.
También aparecen el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, conocidos por sus siglas Inaipi, Conani, Conape y Promese/CAL.
La disposición incluye, además, a la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el Instituto de Auxilios y Viviendas y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Igualmente, abarca la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la Dirección de Desarrollo Provincial y los centros públicos de salud que correspondan de acuerdo con sus atribuciones administrativas y presupuestarias.
El decreto precisa que la inclusión de esas entidades no implica que todas sus adquisiciones serán reservadas a mipymes, sino únicamente las contrataciones asociadas con los programas y productos contemplados en la normativa.
Las mipymes manufactureras interesadas deberán contar con un Registro Industrial vigente, expedido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).
También tendrán que presentar la Certificación Mipymes emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Las empresas lideradas por mujeres deberán disponer, además, de la Certificación Mipymes Mujer.
El decreto instruye al MICM y a Proindustria a ofrecer asistencia a las empresas y procurar que los procesos de registro y certificación sean realizados de manera ágil y accesible.
Verificación de proveedores
Antes de iniciar las contrataciones, las instituciones deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para determinar si existen mipymes industriales capaces de suministrar los bienes o servicios requeridos.
Cuando no sean identificados proveedores con capacidad suficiente, la entidad deberá publicar una manifestación de interés para localizar otras mipymes que puedan participar en el procedimiento.
Mesa para coordinar la implementación
La disposición crea una Mesa de Articulación Interinstitucional integrada por el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas, responsable de coordinar la aplicación del decreto y dar seguimiento a sus resultados.
Entre sus funciones estarán identificar sectores industriales estratégicos, organizar capacitaciones para mipymes y unidades de compras, y mejorar la conexión entre la demanda del Estado y la oferta productiva nacional.
Asimismo, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, en coordinación con el MICM, elaborará una estrategia para promover el consumo de los bienes y servicios producidos por las mipymes nacionales.
El Decreto 672-26 entrará en vigor a partir de su publicación y tiene como fundamento la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26.
