El gatillo no es suficiente

Por : Anner Victoriano

ENFRENTADOS NEWS .-   En la República Dominicana, cada vez que la delincuencia vuelve a ocupar titulares, reaparece una respuesta casi automática: más patrullas, operativos, arrestos y demostraciones de fuerza. Es comprensible. Una sociedad atemorizada exige respuestas y el Estado tiene la obligación de proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de sus ciudadanos.

Pero existe una pregunta que rara vez recibe la misma atención: ¿Es apretar el gatillo la solución?

La delincuencia no comienza cuando un joven empuña un arma. Mucho antes hubo una historia: un barrio, una familia, una escuela —o quizás la ausencia de ella—, oportunidades que llegaron o nunca aparecieron, referentes, expectativas y frustraciones. Comprender esos factores no significa justificar al delincuente ni disminuir su responsabilidad individual. Significa reconocer que combatir el delito únicamente cuando ya ocurrió es llegar al final de una cadena sin preguntarnos dónde comenzó.

El país muestra avances que deben reconocerse. Según datos oficiales de la Policía Nacional, al 7 de agosto de 2026 la tasa acumulada de homicidios se situaba en 7.26 por cada 100,000 habitantes, frente a 12.19 en igual período de 2023. Las autoridades atribuyen parte de esa reducción al trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta y a estrategias preventivas y operativas.

Sin embargo, reducir los homicidios no elimina una pregunta fundamental: ¿qué modelo de seguridad queremos construir a largo plazo?

La acción policial, la persecución del crimen y la inteligencia contra las organizaciones delictivas son necesarias. También necesitamos fiscales capaces de investigar, tribunales eficientes y un sistema penitenciario que no convierta las cárceles en escuelas del delito. Lo insuficiente es creer que todo eso resolverá por sí solo un fenómeno que también posee raíces sociales.

Hay comunidades donde para demasiados jóvenes la movilidad social parece una promesa distante; donde abandonar la escuela resulta más sencillo que conseguir una segunda oportunidad; donde la informalidad domina el mercado laboral y las economías ilícitas pueden ofrecer dinero, reconocimiento y pertenencia con una velocidad que las instituciones legítimas difícilmente igualan.

Allí también comienza la batalla contra la delincuencia.

Y esa batalla no se libra con pistolas.

Se libra con escuelas capaces de retener al adolescente antes de que la calle lo seduzca; formación técnica vinculada a empleos reales; instalaciones deportivas y culturales; atención a las adicciones y la salud mental; espacios públicos adecuados y oportunidades para el primer empleo.

Sobre todo, se libra construyendo una sociedad donde vivir dentro de la ley ofrezca un horizonte más atractivo que vivir fuera de ella.

Existe, además, otro aspecto incómodo. Cuando una sociedad comienza a celebrar automáticamente la muerte de presuntos delincuentes como demostración de eficacia, corre el riesgo de normalizar una lógica peligrosa.

La función de la Policía no es sustituir a los tribunales. Ante una amenaza real contra la vida, los agentes tienen derecho a responder conforme a la ley. Pero en un Estado de derecho la regla debe continuar siendo investigar, arrestar, someter y juzgar.

No se trata de debilidad frente al crimen. Se trata precisamente de defender aquello que diferencia al Estado del delincuente: el límite de la ley.

Tampoco deberíamos escoger entre derechos humanos y autoridad. Necesitamos ambos. Un policía profesional, bien entrenado, adecuadamente remunerado y equipado protege mejor al ciudadano y está mejor preparado para utilizar la fuerza solamente cuando corresponde.

El propio Estado ha reconocido la necesidad de transformar el modelo policial. La reforma en marcha incorpora modernización tecnológica, cambios en el servicio y nuevos esquemas de patrullaje con componentes preventivos y comunitarios. Ese camino necesita profundizarse.

Durante demasiado tiempo hemos cometido otro error: considerar las políticas sociales y las políticas de seguridad como mundos separados.

No lo son.

Evitar la deserción escolar también puede ser seguridad ciudadana. Recuperar un parque abandonado puede ser seguridad ciudadana. Tratar una adicción antes de que destruya una familia puede ser seguridad ciudadana. Capacitar para un empleo a un adolescente vulnerable también puede convertirse en prevención del delito.

Esto no significa afirmar que pobreza equivale a delincuencia. Millones de dominicanos de escasos recursos viven honradamente y levantan sus familias con enormes sacrificios. Ser pobre jamás puede convertirse en sinónimo de delincuente.

El planteamiento es otro: la acumulación de exclusión, abandono institucional, violencia familiar, deserción escolar, adicciones y ausencia de oportunidades crea factores de riesgo que una política pública inteligente debe enfrentar antes de que aparezca el delito.

La prevención tiene, además, un inconveniente político: sus éxitos son difíciles de fotografiar. Un operativo permite mostrar armas ocupadas y personas detenidas. Una patrulla nueva puede exhibirse ante las cámaras. Pero nadie puede fotografiar el homicidio que nunca ocurrió porque un muchacho permaneció en la escuela, encontró orientación y consiguió su primer empleo.

Y quizás esa sea una de las victorias más importantes.

La República Dominicana necesita una Policía firme frente al crimen y respetuosa frente al ciudadano. Necesita mejores investigaciones, inteligencia, tecnología, controles internos, fiscales especializados y consecuencias reales para quienes violan la ley.

Pero también necesita preguntarse no solamente cuántos delincuentes fueron apresados esta semana, sino cuántos jóvenes abandonaron la escuela. No solo cuántas armas fueron decomisadas, sino cuántos adolescentes crecen alrededor de puntos de drogas. No únicamente cuántas patrullas enviamos cuando estalla la violencia, sino cuánto Estado había allí antes de que estallara.

Porque un país verdaderamente seguro no es aquel que tiene policías suficientes para enfrentar a todos sus delincuentes.

Es aquel capaz de producir cada vez menos delincuentes.

Para conseguirlo harán falta policías, fiscales y jueces. Hará falta autoridad y, cuando corresponda legalmente, el uso legítimo de la fuerza. Pero también maestros, psicólogos, entrenadores, trabajadores sociales, empleadores, familias, iglesias y organizaciones comunitarias.

Sobre todo, hará falta un Estado dispuesto a llegar a los barrios no solamente después del delito, sino mucho antes.

Porque cuando una sociedad espera escuchar el disparo para comenzar a actuar, probablemente ya llegó demasiado tarde.

El gatillo puede detener a un delincuente. Lo que nunca podrá hacer, por sí solo, es detener las condiciones que producen al próximo.

Anner Victoriano

Catedrático, comunicador, experto en  Administración Pública y Gobernanza