Los hijos del 4%: la generación que el Estado empujó a la calle

Por Mariano Abreu

​En 1997, la República Dominicana aprobó la Ley General de Educación No. 66-97. Su artículo 197 consagró un mandato que pretendía romper con el rezago histórico nacional: destinar al menos el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública. La meta buscaba equipararnos a referentes regionales como Costa Rica, Chile, Brasil o Bolivia, naciones que entendieron a tiempo que el capital humano es el único cimiento sobre el cual descansa el desarrollo social e institucional sostenible.

​Sin embargo, entre la promulgación de la ley y su cumplimiento presupuestario real transcurrieron quince años de indiferencia deliberada. Una reedición de nuestra histórica «España Boba», caracterizada por la inacción estatal y la postergación sistemática de las prioridades colectivas por parte de sucesivas administraciones y legislaturas. Solo la persistente movilización ciudadana y el reclamo de las sombrillas amarillas forzaron la inclusión formal de esa partida en el Presupuesto General del Estado de 2013, superando entonces los 99,000 millones de pesos. Mucho se debate hoy sobre la calidad de ese gasto o su registro contable en torno al 3.6% o 3.7% del PIB. No obstante, el debate técnico suele ignorar la consecuencia más dramática de aquella dilación: el costo demográfico, moral y social de una generación a la que el Estado le negó la escuela y la protección a tiempo.

​Hacia finales de los años ochenta y principios de los noventa, la dinámica delictiva callejera respondía a otros patrones etarios. Quienes operaban en las guaguas del transporte público, en los mercados populares o en la emblemática tanda comercial de la avenida Duarte eran carteristas, descuidistas y asaltantes predominantemente adultos, situados entre los 25 y más de 40 años. Existían códigos tácitos de supervivencia, márgenes de contención y, sobre todo, una delincuencia ejercida por individuos formados en otra etapa vital. Hoy, el perfil delictivo ha sufrido un desplazamiento alarmante hacia la niñez y la adolescencia temprana.

La franja que puebla las estadísticas judiciales y protagoniza asaltos con violencia letal oscila entre los 12 y los 25 años. Menores de edad sin arraigo escolar, sin destrezas laborales y con un desprecio absoluto por la vida propia y ajena operan en esquinas y callejones. No se trata de una degradación fortuita: es el resultado matemático del abandono formativo acumulado durante tres lustros.

​El incumplimiento de la Ley 66-97 entre 1997 y 2012 dejó a los sectores más vulnerables sin un escudo institucional. Durante esa década y media de omisión, el embarazo en adolescentes se consolidó como una herida abierta. Niñas y jovencitas desprovistas de orientación, desarraigadas de las aulas y en muchos casos víctimas de abuso sexual intrafamiliar o barrial, fueron abandonadas a su suerte con una criatura en brazos. Sin educación, sin recursos y sin una red pública de protección, la supervivencia impuso sus reglas más despiadadas. Muchas cayeron en la prostitución para alimentar a sus hijos; otras, en el mejor de los casos, terminaron buscando el «padrinaje» de delincuentes y cabecillas de bandas. Bajo esa falsa protección, estas jóvenes fueron sometidas a una dinámica perversa: reducidas a la servidumbre sexual y a la vez instrumentalizadas como cómplices, transportadoras de armas o sustancias, e integrantes forzadas del ecosistema criminal.

​Ese fue el entorno en el que crecieron los niños de aquellos años. Bebés que abrieron los ojos en habitaciones donde la ley era el revólver del padrastro y la única salida económica era el delito callejero o el microtráfico. Esos infantes no tuvieron alternativa formativa: la calle y las pandillas llenaron de inmediato el vacío que los ministerios y los presupuestos nacionales dejaron abierto, repitiendo el ciclo una y otra vez.

​Hoy, a esos mismos niños y adolescentes descarriados la sociedad y el Estado los tratan como a un tumor que hay que extirpar de raíz. Son ellos a quienes la Policía Nacional les aplica el famoso «29» en supuestos intercambios de disparos, convirtiendo la eliminación sumaria en una tácita política de Estado para barrer de las esquinas el monstruo que las propias instituciones engendraron. Pero el verdadero rigor punitivo está apuntando hacia el eslabón más débil y trágico de la cadena: si a alguien habría que aplicarle un «29» moral, político y judicial, es a los presidentes y congresistas que durante esos quince años de mezquindad inobservaron la aplicación de la Ley 66-97. Su falta no fue un simple descuido administrativo, sino un crimen de Estado de un impacto socioeconómico infinitamente más perverso, devastador y criminal que el de cualquier atraco callejero.

​La inseguridad ciudadana que hoy angustia a la sociedad dominicana no puede resolverse a tiros ni con discursos punitivos que esconden la verdadera culpa histórica. Cada presupuesto nacional que entre 1997 y 2012 le regateó el 4% a la infancia dominicana fue un pagaré firmado contra la paz pública. Esos jóvenes que hoy caen abatidos en un callejón debieron haber sido los hijos legítimos de una educación digna y oportuna; debieron formarse en aulas seguras mientras sus madres recibían la oportunidad de estudiar y progresar con dignidad. En su lugar, la clase política prefirió ahorrarse el futuro del país, y hoy pretende lavar con plomo la deuda de su propia negligencia histórica.

​Sobre el autor:

​Mariano Abreu es consultor en imagen pública, estratega de marca personal y corporativa, coach ejecutivo y analista político. Es CEO de Imagen Pública Consulting, productor y conductor de los espacios «Imagen Pública TV», «Enfrentados TV» y «Enfrentados Radio», ShowdelMediodía, fundador del portal EnfrentadosNews.com y creador del encuentro empresarial «Networking Meeting Point». Es autor de los libros «Imarcalogía: El camino al refinamiento de su mejor versión» y de la novela de liderazgo «El Código de la Huella».