La Justicia panameña ha ordenado este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales, pero que se encuentra en la Embajada de Nicaragua, donde Managua le ha concedido asilo político y está a la espera de recibir un salvoconducto.
En este sentido, las solicitudes del Ministerio Público apuntaban a que «ha mostrado intención de evadirse de la Justicia panameña al serle otorgado un asilo político por parte de la República de Nicaragua», mientras que el tribunal tiene la «responsabilidad de garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera justa, equitativa y conforme a las disposiciones legales pertinentes».
«Se concluye que la detención preventiva en contra del expresidente condenado es proporcional y necesaria para asegurar la comparecencia del sancionado ante la justicia y salvaguardar los intereses de la sociedad», reza un comunicado del Poder Judicial panameño.
Martinelli se encuentra en la Embajada de Nicaragua a la espera de un salvoconducto de las autoridades panameñas para salir del país. El expresidente, que se presenta como candidato presidencial para las próximas elecciones pese a que el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de prisión en su contra, denunció que el actual mandatario, Laurentino «Nito» Cortizo, planea matarlo antes de los comicios del 5 de mayo próximo.
YA ESTÁ CONDENADO
El que fuera mandatario de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado en julio a diez años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la compra de un grupo de medios de comunicación en el llamado caso ‘Business News’. También fue condenado a pagar una multa de 19,2 millones de dólares (17 millones de euros) y vio frustradas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución.
Martinelli tiene otro juicio pendiente, previsto para noviembre, por los supuestos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que afecta a numerosos líderes y dirigentes sudamericanos, y que conlleva una pena de cinco a doce años de prisión.
