Caso estudiante del Colegio Da Vinci: fijan audiencia para el 26 de marzo
Se trata de una audiencia clave contra representantes del centro y dueños de hacienda; corte ratifica medidas a empleadas
ENFRENTADOS NEWS .– Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago ratificaron las medidas de coerción impuestas contra varias empleadas del Colegio Da Vinci, vinculadas al proceso judicial por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, quien falleció por ahogamiento durante una excursión escolar.
El tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que buscaba endurecer las medidas contra las imputadas, y confirmó la decisión de primera instancia que establece garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica para tres de las docentes procesadas.
El abogado José Lorenzo Fermín, representante legal de Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario, explicó que la corte consideró que la resolución inicial estaba debidamente fundamentada en derecho.
Según indicó, el Ministerio Público solicitaba aumentar la garantía económica de 500 mil pesos a 50 millones de pesos, lo que calificó como una medida desproporcionada, petición que finalmente fue rechazada por los jueces.
Mientras tanto, Miguel Valdemar Díaz, abogado de los familiares de la menor fallecida, sostuvo que la familia continúa reclamando que otras personas sean llevadas ante la justicia, incluyendo a representantes del centro educativo y a los propietarios de la hacienda donde se realizó la actividad.
El jurista también denunció que la madre de la niña aún no ha recibido las pertenencias que llevaba el día de la excursión, pese a múltiples solicitudes realizadas durante el proceso.
Díaz informó que para el próximo 26 de marzo fue fijada una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes de la asociación del Colegio Da Vinci y los propietarios de la hacienda donde se desarrolló la excursión, etapa en la que la familia espera que se determinen nuevas responsabilidades por la tragedia.
Por su parte, la abogada María del Pilar Suller, representante de Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo del centro educativo, expresó satisfacción con la decisión de la corte.
Explicó que el tribunal ratificó la decisión de primera instancia de no imponer medidas de coerción contra su defendida, al considerar que no estuvo presente en el lugar de los hechos ni tuvo contacto material con las evidencias del caso.
