Chile realiza el primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular bajo el Gobierno KastChile realiza el primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular bajo el Gobierno Kast
En total, 40 personas –oriundas de Bolivia, Ecuador y Colombia– fueron deportadas en un avión de la Fuerza Aérea chilena con destino a sus países de origen.
ENFRENTADOS NEWS INTERNACIONAL.– Uno de los grandes ejes agitados por José Antonio Kast en su campaña para llegar a la Presidencia de Chile fue la promesa de deportar a unos 330.000 migrantes en situación irregular. Por eso no sorprende la celeridad con la que su Gobierno ha querido iniciar ese proceso, que diversos expertos han señalado como de difícil cumplimiento.
Transcurrido poco más de un mes de la asunción del ultraderechista, un primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) partió de Santiago este jueves 16 de abril, con 40 extranjeros a bordo, una acción largamente simbólica con la que el Ejecutivo de Kast ha querido dar un golpe de efecto en su cruzada contra la inmigración irregular.
El grupo estaba compuesto por 17 bolivianos, 4 ecuatorianos y 19 colombianos, por lo que el avión militar, tras realizar una parada técnica en Iquique, tenía previsto efectuar escalas en Santa Cruz de la Sierra y Quito, antes de finalizar su recorrido la noche del jueves en Bogotá.
Según los datos oficiales, 25 de esas personas fueron expulsadas por medidas administrativas y 15 por orden judicial tras haber cometido faltas administrativas o delitos, como robos con violencia y de otros tipos, receptación de vehículo motorizado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma y munición, lesiones o amenazas.
Aunque a la prensa no se le permitió acompañar el operativo, imágenes divulgadas por las autoridades mostraron que cada uno de los migrantes fue escoltado por un oficial de la Policía de Investigaciones de Chile.

Esta expulsión no se trata, sin embargo, de una política nueva y medidas similares fueron adoptadas en administraciones anteriores. Durante el mandato del progresista Gabriel Boric (2022-2026), hubo más de una veintena de estos vuelos y cerca de 4.500 personas con órdenes vigentes de expulsión fueron deportadas, según el Servicio Nacional de Migraciones.
No obstante, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió que «el primer vuelo de expulsión del Gobierno anterior fue en el mes de octubre de su primer año», mientras que «nosotros, a mediados de nuestro segundo mes, ya tenemos nuestro primer vuelo de expulsados».
«Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses», añadió Pavez, sin dar detalles sobre la frecuencia con la que saldrán esos aviones o autobuses.
Según sus estadísticas, el Gobierno de Kast asegura que ya ha expulsado por diferentes vías a 196 migrantes en situación irregular desde su asunción el 11 de marzo pasado, mientras que sostiene que, tras conocerse su victoria electoral en diciembre, han salido de manera voluntaria un total de 2.180 venezolanos.
De acuerdo con medios locales, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
«Es el primer vuelo de muchos»
Al anunciar en la víspera esta medida, Kast prometió que este será «el primer vuelo de muchos, y buses, que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país».
En su breve mensaje, el ultraderechista también reivindicó «logros» de su llamado ‘Plan Escudo Fronterizo’, a través del cual ha iniciado la construcción de zanjas de 3 metros de profundidad y muros vigilados a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia, lo que, según él, ha permitido que en su primer mes de gobierno «se registren menos ingresos irregulares que en los 5 años anteriores».
El controvertido plan contempla además la aprobación de un proyecto de ley en trámite para que la migración irregular pase de ser considerada una falta administrativa a ser tipificada como delito y la implementación de «incentivos» para que extranjeros indocumentados abandonen el país de manera «voluntaria».




