El magnicidio que Haití no pudo juzgar llega a Estados Unidos

ENFRENTADOS INTERNATIONAL .-   Cinco años después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití entregó a Estados Unidos a 18 de los principales imputados que permanecían presos en Puerto Príncipe, una decisión que pone de relieve la incapacidad del sistema judicial haitiano para llevar a juicio el magnicidio que profundizó la crisis política y de seguridad del país. El hecho ocurrió el 7 de julio de 2021.

Un avión militar trasladó a Florida a Joseph Félix Badio, considerado una figura central de la trama, y a 17 ciudadanos colombianos para enfrentar cargos ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. La Fiscalía estadounidense informó que ya son 30 las personas acusadas por su participación en el caso y advirtió que las investigaciones continúan.

La diferencia entre ambos procesos es marcada. Más de 50 personas fueron acusadas en Haití, pero cinco años de procedimientos no produjeron un juicio. En Estados Unidos, en cambio, se han celebrado procesos, obtenido condenas y seguido el rastro del dinero utilizado para financiar la operación. El fiscal Jason Reding Quiñones aseguró que las pesquisas continuarán hacia quienes financiaron, facilitaron o apoyaron el asesinato.

¿Quién es Félix Badio?

Badio, antiguo funcionario del Ministerio de Justicia y de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC), es considerado uno de los principales sospechosos de la planificación del crimen. Permaneció prófugo durante más de dos años hasta ser detenido en Haití en octubre de 2023.

Su presunto papel adquirió mayor dimensión durante el juicio celebrado este año en Miami. Germán Alejandro Rivera García, exmilitar colombiano que se declaró culpable y colaboró con la Fiscalía, testificó que Badio asumió un papel de liderazgo en la operación después de fracasar los planes iniciales para capturar a Moïse.

Rivera declaró que recibió instrucciones de obedecer a Badio y que este comunicó que el presidente debía ser asesinado. También le atribuyó información sobre la residencia presidencial y contactos con miembros de la seguridad del mandatario.

La llegada de Badio a Florida puede abrir nuevos capítulos. Diario Libre, citando al Miami Herald, informó que el expediente federal fue colocado recientemente bajo secreto de sumario, circunstancia que abogados relacionados con el proceso vinculan con la posible incorporación de nuevos cargos o acusados.

Florida, centro de la conspiración, y condena a financiero

La jurisdicción estadounidense no es circunstancial. Documentos judiciales citados por Diario Libre y EFE establecen que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot destinado a derrocar a Moïse y sustituirlo por una persona que respondiera a los intereses políticos y financieros de los conspiradores.

En marzo comenzó en Miami el juicio contra Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages. Los fiscales sostuvieron que el proyecto buscaba inicialmente colocar en el poder a Christian Emmanuel Sanon, quien posteriormente favorecería con contratos a una empresa de Doral vinculada a integrantes de la conspiración. Cuatro acusados fueron declarados culpables en mayo.

• La esposa el presidente y sobreviviente al ataque, Martine Moïse, compareció en el juicio como testigo principal y primera en declarar por parte de la fiscalía tras los argumentos iniciales del juicio contra Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages.
• Relató cómo fue herida y los detalles del ataque.

La investigación estadounidense también siguió el dinero y descubrió que parte procedía de fondos destinados originalmente a auxiliar empresas durante la pandemia.

En julio, la jueza federal Jacqueline Becerra condenó a 20 años de prisión a Keegan Harricharan, de 42 años, quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, Harricharan y sus cómplices obtuvieron fraudulentamente unos 840,827 dólares mediante programas federales de ayuda por la covid-19.

Harricharan utilizó su empresa TNR Holding Group Inc. para recibir y distribuir fondos relacionados con la conspiración. Entre abril y mayo de 2021 participó en reuniones en el sur de Florida en las que se discutieron el financiamiento, las armas, municiones, personal y equipos militares necesarios para la operación. Unos 175,000 dólares llegaron a la cuenta de su empresa y posteriormente transfirió otros 80,000 dólares para su distribución entre participantes del complot, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Los colombianos y República Dominicana

Los otros 17 trasladados son colombianos. La Cancillería de Colombia informó que da seguimiento a su situación y aclaró que su Gobierno no participó en la decisión ni en el procedimiento para llevarlos a Estados Unidos.

Entre ellos está Manuel Antonio Grosso Guarín, uno de los exmilitares cuya presencia en República Dominicana llamó la atención después del asesinato. Antes de ingresar a Haití estuvo de turismo en territorio dominicano y fue fotografiado frente al Palacio Nacional. Grosso formó parte del contingente que llegó a la región semanas antes del magnicidio.

Los investigadores estadounidenses sostienen que varios colombianos fueron reclutados inicialmente para participar en una supuesta operación de seguridad y arresto. Según testimonios incorporados al proceso, el proyecto terminó transformándose en un plan para asesinar al mandatario después de fracasar los intentos de capturarlo. La defensa de algunos acusados ha sostenido que sus clientes creían participar en una operación legal.

Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros dentro de su residencia privada en Pétion-Ville durante la madrugada del 7 de julio de 2021. Su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

Un expediente que sigue abierto

Mientras Haití no consiguió celebrar un solo juicio contra los detenidos durante los primeros días de la investigación, Estados Unidos amplió progresivamente el expediente desde los autores materiales hasta quienes presuntamente organizaron, financiaron y facilitaron la operación.

La inseguridad haitiana también repercutió en el proceso estadounidense. El juicio iniciado en marzo sufrió retrasos, entre otras razones, por las dificultades de los abogados para entrevistar a los colombianos encarcelados en Haití y por el enorme volumen de evidencias acumuladas.

Ahora esos 17 colombianos y Badio estarán bajo la jurisdicción del mismo tribunal que ya ha procesado a otros integrantes de la trama.