La ‘ventana de oportunidad’ de Sánchez: qué hay detrás de las elecciones anticipadas en España

ENFRENTADOS INTERNACIONAL. –  España volverá a las urnas el próximo 29 de noviembre, casi ocho meses antes del fin ordinario de la legislatura. El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral el lunes 5 de octubre y, un día después, el decreto de disolución del Congreso y el Senado quedó publicado oficialmente. El mandatario justificó su decisión por la dificultad de seguir gobernando con un apoyo parlamentario cada vez más frágil y defendió la necesidad de obtener una mayoría progresista «mucho más amplia».

Pero el momento elegido para convocar las elecciones tiene también una evidente lectura estratégica. Hasta hace apenas unas semanas, buena parte del debate político español giraba alrededor de asuntos especialmente incómodos para el Gobierno: una grave crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta, varios procesos judiciales relacionados con antiguos dirigentes socialistas y unas encuestas que otorgaban una ventaja cada vez más clara al bloque formado por el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

Sin embargo, tuvo lugar un acontecimiento que, debido a su enorme poder simbólico, cambiaría el panorama político de la noche a la mañana.

El desahucio que cambió la agenda

Maricarmen Abascal tiene 87 años y llevaba más de siete décadas viviendo de alquiler en el mismo piso de Madrid. El pasado 23 de septiembre fue desalojada después de que una sociedad inmobiliaria adquiriera la vivienda y multiplicara por cinco el precio de la renta. Ni la movilización de vecinos y activistas ni la presencia de centenares de personas frente al inmueble consiguió impedir el desahucio. La anciana tuvo que abandonar la vivienda en camilla y fue trasladada en ambulancia.

El caso produjo una reacción social extraordinariamente rápida. Miles de personas se manifestaron en Madrid bajo el lema «Ni una Maricarmen más» y las protestas se extendieron a numerosas ciudades. Una acampada instalada en la Puerta del Sol, en el centro de la capital, creció hasta reunir a decenas de colectivos y convertirse en el principal símbolo de las protestas por el acceso a la vivienda.

El Gobierno reaccionó aprobando de urgencia dos decretos con medidas sobre alquileres, protección frente a desahucios, regulación de alquileres temporales, limitaciones a determinadas operaciones especulativas y renovación de contratos. Pero ambos textos fueron rechazados el 2 de octubre en el Congreso por los votos del PP, Vox y el partido independentista catalán Junts; en uno de ellos se sumaron además otras formaciones. La principal norma cayó por 178 votos frente a 172.

Esta derrota parlamentaria fue el detonante inmediato del adelanto electoral. Pero no explica por sí sola por qué Sánchez decidió convocar las elecciones precisamente ahora.

Una «ventana de oportunidad»

Dentro del PSOE comenzó a hablarse abiertamente de una «ventana de oportunidad». Dirigentes socialistas consultados por medios españoles reconocían que el terremoto provocado por el caso Maricarmen había modificado en pocos días el terreno político sobre el que tendría que librarse una eventual campaña.

Uno de ellos resumía el cambio con especial claridad: apenas dos semanas antes, el PSOE se encontraba, según sus palabras, «atrapado en la crisis de Ceuta»; después del conflicto por los decretos de vivienda, veía de nuevo una oportunidad electoral. Otro dirigente reconocía que la vivienda había conseguido desplazar parcialmente a Ceuta de la conversación pública.

A finales de julio, unas 72.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos durante una crisis fronteriza sin precedentes. Ceuta es una ciudad autónoma española situada en el norte de África y constituye, junto con Melilla, una de las fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano. El episodio desbordó los recursos locales, provocó fuertes críticas a la actuación del Ejecutivo y colocó la inmigración en el centro del debate nacional. Un sondeo realizado posteriormente por 40dB mostraba que alrededor del 63 % de los entrevistados valoraba negativamente la gestión de Sánchez y situaba a Vox como el partido considerado más capaz de gestionar la inmigración.

Al desgaste migratorio se sumaban los casos judiciales. El más grave ha sido el conocido como caso Koldo o caso Ábalos: el exministro socialista de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, fue condenado este año por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión por delitos relacionados con el cobro de comisiones en contratos públicos durante la pandemia. Su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, continúa además investigado en otras ramas vinculadas a presuntos amaños de obras públicas y en una causa sobre supuestas maniobras destinadas a interferir en investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La vivienda ha conseguido, al menos temporalmente, relegar ambos asuntos a un segundo plano. Y además lo ha hecho trasladando la discusión hacia un terreno comparativamente más favorable para el PSOE y el conjunto de la izquierda. Y es que la vivienda es ya, según las últimas encuestas, el segundo problema que más preocupa a los españoles (solo por detrás de la inflación) y, aunque muchos responsabilizan al Gobierno de resolverlo, la mayoría respalda medidas asociadas a la izquierda: un 67,5 % apoya limitar precios, más del 80 %, ampliar la vivienda social y alrededor del 70%-75 %, reforzar la protección frente a desahucios y subidas del alquiler. Además, el PSOE es percibido como el partido más preparado para afrontar la crisis, con un 18,5 %, frente al 14,4 % de PP y Vox.

El adelanto electoral puede leerse, por tanto, como una apuesta para intentar fijar la campaña alrededor de ese conflicto –uno de los pocos en los que los socialistas conservan una cierta ventaja competitiva– antes de que vuelva a cambiar la agenda.

Unas elecciones de bloques

La dificultad para Sánchez es que cambiar el tema de conversación no significa haber cambiado todavía la intención de voto. La práctica totalidad de los sondeos privados sitúa actualmente al PP de Alberto Núñez Feijóo como primera fuerza, seguido del PSOE y de Vox. El promedio de encuestas elaborado por la televisión pública española ofrece una imagen todavía más clara en escaños: 137 diputados para el PP y 65 para Vox, es decir, 202 entre ambos. La mayoría absoluta del Congreso está situada en 176. El PSOE obtendría alrededor de 104 y su socio actual de gobierno, Sumar, unos diez.

Esa es la lógica básica con la que empieza la campaña. A un lado aparece un bloque de derechas relativamente sencillo de visualizar, compuesto fundamentalmente por PP y Vox. Feijóo aspira a presidir el Gobierno y los números actuales indican que necesitaría el respaldo del partido de Santiago Abascal.

Al otro lado, el panorama es mucho menos claro. El PSOE sigue siendo, con enorme diferencia, la principal fuerza progresista, pero necesita que sobreviva electoralmente un espacio importante a su izquierda, y ese espacio se encuentra en plena reconstrucción.

¿Qué hay a la izquierda del PSOE?

Para entender bien la actual fragmentación de la izquierda española hay que retroceder a la década pasada. La crisis económica y el movimiento de protesta del 15-M, surgido en 2011, dieron lugar años después al nacimiento de Podemos, que rompió durante un tiempo el tradicional predominio del PSOE sobre la izquierda española. Después llegaron múltiples alianzas, divisiones y reorganizaciones. En las elecciones de 2023, gran parte de aquel espacio concurrió unido dentro de Sumar, el proyecto encabezado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Tres años después, aquel proyecto está profundamente debilitado. Yolanda Díaz ha anunciado que no volverá a ser candidata y cuatro de las principales organizaciones que integraban Sumar —Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns catalanes— han decidido reconstruir la alianza bajo una nueva marca: Frente Amplio. Su presentación estaba prevista para el 17 de octubre. El problema es que Sánchez ha adelantado las elecciones antes de que esa refundación estuviera terminada.

Frente Amplio todavía no tiene candidato oficial y tampoco está definitivamente decidido quién formará parte de la coalición. Más Madrid reclama un papel protagonista; la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha confirmado que le han propuesto encabezar el nuevo espacio; y la ministra de Sanidad, Mónica García, aparece también entre los nombres relevantes de las negociaciones. La gran incógnita es Podemos.

El partido que hace una década encabezó la transformación de la izquierda española se separó políticamente de Sumar durante la legislatura y ha señalado a la exministra de Igualdad Irene Montero como su principal referente electoral. Montero ha propuesto ahora unas primarias abiertas para los días 14 y 15 de octubre que permitan elegir una candidatura conjunta de toda la izquierda situada fuera del PSOE.

Movimiento Sumar ha rechazado por el momento ese procedimiento, aunque no una alianza con Podemos. Su propuesta es negociar primero un acuerdo político entre las distintas organizaciones y consensuar posteriormente el candidato. Izquierda Unida, por su parte, se muestra especialmente favorable a evitar una ruptura y concurrir conjuntamente con Podemos. El tiempo juega en su contra: el 16 de octubre termina el plazo para registrar coaliciones electorales.

La cuestión tiene una importancia que va mucho más allá de las disputas internas. El sistema electoral español reparte los 350 escaños del Congreso por provincias y penaliza considerablemente a los partidos pequeños en las circunscripciones que eligen pocos diputados. Dos candidaturas de izquierda separadas pueden sumar un porcentaje razonable de votos a escala nacional y, sin embargo, quedarse sin representación en numerosas provincias.

Por eso, la unidad o división entre Frente Amplio y Podemos puede acabar decidiendo varios escaños y, en un escenario más ajustado que el previsto actualmente, incluso la posibilidad matemática de formar gobierno.

Sánchez ha convocado así unas elecciones en las que, sobre el papel, no parte como favorito para ganar. PP y Vox llegan por delante en prácticamente todos los sondeos privados y con un electorado más movilizado y tradicionalmente más fiel a sus siglas. La apuesta del presidente consiste precisamente en intentar modificar ese escenario durante las próximas semanas.