Hallan culpable en Miami a haitiano por conspirar para asesinar a Moïse
La fiscalía sostuvo que Sanon participó en una conspiración internacional motivada por sus aspiraciones políticas y vinculada a dos empresas de seguridad de Miami y a un grupo de exmilitares colombianos. Estos irrumpieron en la residencia.

ENFRENTADOS INTERNACIONAL.- Christian Emmanuel Sanon, ciudadano haitiano-estadounidense de 67 años que se presentaba como médico y pastor en Florida, fue declarado culpable de los ocho cargos que enfrentaba en un juicio federal por conspirar para asesinar al expresidente haitiano Jovenel Moïse.
El veredicto se conoció el miércoles 18 de noviembre, tras casi ocho semanas de juicio. Sanon podría ser condenado a cadena perpetua. Según el relato del proceso, reaccionó poco al escuchar la decisión del jurado. Permanecía detenido desde su arresto en Haití, ocurrido días después del magnicidio, hasta que fue trasladado a custodia estadounidense en 2023.
La fiscalía sostuvo que Sanon participó en una conspiración internacional motivada por sus aspiraciones políticas y vinculada a dos empresas de seguridad de Miami y a un grupo de exmilitares colombianos. Estos irrumpieron en la residencia presidencial y dispararon contra Moïse a quemarropa.
La conspiración tomó forma en Florida
Durante el juicio se presentó a Sanon como un empresario con antecedentes de quiebra que buscaba asumir el poder en Haití. Los registros corporativos de Florida muestran que creó varias empresas y que se declaró en quiebra en 2013. Nacido en Haití, llegó a Estados Unidos durante su adolescencia y trabajó con comunidades haitianas inmigrantes, según declaró en el proceso.
No se encontraron registros de que tuviera un título médico estadounidense o dirigiera una iglesia, pese a que se presentaba como médico y pastor. El investigador Jake Johnston, del Centro de Investigación Económica y Política, dijo a The New York Times que Sanon le había hecho afirmaciones similares en 2019 y lo describió como “un mentiroso en serie sin verdaderas conexiones con el poder en Haití”.
Testigos declararon que Sanon promovió su candidatura primero como primer ministro y luego como presidente ante políticos locales y dirigentes de la sociedad civil haitiana. Julio Loiseau, activista comunitario, contó que Sanon solía vestir con corbata y que algunos lo llamaban “presidente”. También afirmó que Sanon decía haber sido enviado por el Departamento de Estado y estar “en una misión de Dios”.
Según la acusación, en abril de 2021 Sanon se reunió en el sur de Florida con un exsenador haitiano y varios empresarios estadounidenses. El grupo habría acordado que, si Sanon llegaba al poder, otorgaría contratos millonarios a Counter Terrorist Unit Federal Academy y Counter Terrorist Unit Security para proyectos de infraestructura, seguridad y equipamiento militar.
Las empresas, conocidas como CTU, contrataron a unos 18 exmilitares colombianos para brindar seguridad a Sanon y financiaron parte de la operación con fondos del programa federal de ayuda a empresas durante la pandemia de COVID-19, según documentos judiciales.
Para junio de 2021, los conspiradores concluyeron que Sanon no tenía los requisitos constitucionales ni el apoyo popular necesarios para asumir la presidencia. El grupo trasladó su respaldo a Wendelle Coq Thélot, exjuez de la Corte Suprema de Haití, quien murió en enero de 2025 mientras permanecía prófugo.
De acuerdo con los documentos del caso, la conspiración pasó de planear la remoción forzada de Moïse a contemplar su asesinato, después de que fracasara un intento de interceptarlo cuando regresaba al aeropuerto de Puerto Príncipe. El fiscal Sean McClaughlin describió a Sanon como “un empresario fracasado reincidente disfrazado de megapastor”, motivado por la avaricia y “una sed de poder”.
La defensa anunció una apelación
El abogado Humberto Domínguez sostuvo que Sanon no tenía recursos ni medios para ser el cerebro de la conspiración descrita por la fiscalía. En su testimonio, Sanon reconoció que se comunicó con personas que buscaban reemplazar a Moïse, pero aseguró que lo descartaron como candidato mucho antes del asesinato y que desconocía cualquier plan para matarlo.
La defensa también argumentó que varios testigos de la fiscalía se habían declarado culpables y colaboraban con las autoridades con la expectativa de obtener sentencias menores.




