Los motoristas en la República Dominicana: ¿amenaza o solución?

Por Moises Ruiz
Periodista y comunicador

En los últimos meses, la sociedad dominicana ha sido testigo de un incremento alarmante de hechos protagonizados por motoristas en las calles y carreteras del país. Cuando hablamos de motoristas nos referimos a motoconchistas, deliverys, mensajeros y usuarios de motocicletas privadas, un colectivo que hoy domina el parque vehicular nacional y que, al mismo tiempo, genera una profunda preocupación por la inseguridad vial.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ha enviado un mensaje equivocado a la ciudadanía al limitar las violaciones cometidas por motoristas prácticamente al uso del casco protector y al tránsito por los elevados. La realidad es muy distinta. A diario vemos motocicletas cruzando semáforos en rojo, circulando en vía contraria, haciendo maniobras temerarias sobre una sola rueda, desplazándose entre vehículos en movimiento y desobedeciendo abiertamente a los propios agentes de tránsito, como si estas conductas fueran normales o socialmente aceptadas.

A este desorden se suma un componente cada vez más preocupante: la violencia. Las calles se han convertido en escenario de confrontaciones que, en muchos casos, terminan en tragedia. Casos como el del conductor del camión de basura en Santiago, el chofer de una patana en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, la invasión del elevado de la avenida Máximo Gómezla semana pasada, el motorista que agredió a un envejeciente que se desplazaba en bicicleta, o el caso ocurrido en marzo en San Pedro de Macorís, donde un motorista lanzó una piedra y rompió el cristal delantero de un vehículo tras un roce de tránsito, son solo algunos ejemplos de una realidad que se repite a diario en distintas provincias del país.

Es evidente que a los motoristas se les debe educar de manera urgente, haciéndoles entender que nadie desea verse envuelto en un accidente, pero que cuando estos ocurren existen autoridades llamadas a regular, mediar y aplicar la ley. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿dónde están nuestras autoridades ante esta situación? ¿Qué están dispuestos a hacer nuestros líderes frente al creciente caos generado por el uso indiscriminado de motocicletas? ¿Permitiremos que las calles se conviertan en un río de sangre y que siga llevando dolor y luto a los hogares dominicanos?

Tal vez la respuesta esté en el peso político que este sector representa. Al cierre de 2025, el parque vehicular nacional alcanzó 6,640,871 unidades, de las cuales más de 3.5 millones corresponden a motocicletas, lo que las convierte en el tipo de vehículo predominante en la República Dominicana. Esta cifra, lejos de ser solo un dato estadístico, representa un desafío estructural de grandes proporciones y preocupación.

Según el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), existe una brecha crítica entre la cantidad de motocicletas que circulan y los conductores que poseen licencia legal para operarlas. A inicios de 2026, apenas 28,090 personas contaban con licencia categoría 01, correspondiente a motoristas, frente a un parque de aproximadamente 3,926,157 motocicletas registradas en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esto significa que solo el 0.74 % de las motocicletas en circulación son conducidas por personas debidamente autorizadas. Las motocicletas representan hoy el 57 % de todos los vehículos del país, y solo entre enero y marzo de 2026 se registraron 76,044 nuevas unidades, un aumento del 42.6 % respecto al mismo periodo del año anterior. Las estadísticas de 2024 indican que el 69 % de las muertes por accidentes de tránsito involucraron motocicletas.

Desde una visión superficial, podría pensarse que al Estado le resulta más rentable imponer multas que enfrentar el problema de fondo. Nada más lejos de la realidad. Los accidentes de tránsito en la República Dominicana, donde los motoristas representan entre el 67 % y el 73 % de las víctimas,