Por Juan Díaz.
El esfuerzo detrás de los Juegos
La celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no ha sido fruto de la improvisación. La República Dominicana ha asumido este compromiso con ahínco, dedicación y esmero, realizando importantes esfuerzos para preparar los escenarios deportivos, organizar la logística y garantizar las condiciones necesarias para recibir a atletas, entrenadores, delegaciones y visitantes de toda la región.
Desde la designación de Santo Domingo como sede, el país asumió el reto de montar un evento de alto nivel y proyectar una imagen de capacidad, organización y hospitalidad. Como parte de ese proceso, se destinaron recursos para la preparación de los atletas dominicanos y para la reparación, construcción y adecuación de diversas instalaciones deportivas.
La magnitud de este compromiso queda reflejada en la participación de más de 6,200 atletas procedentes de 37 países, quienes compiten en 40 deportes, 56 disciplinas y 64 modalidades. Detrás de cada competencia hay meses de trabajo, planificación, sacrificio y coordinación entre instituciones públicas, federaciones deportivas, entrenadores, voluntarios y trabajadores que han contribuido al montaje de esta gran fiesta regional
Lo ocurrido en la Arena del Cibao no puede ser tratado como una simple muestra de entusiasmo desbordado ni como una anécdota propia de una jornada deportiva. Si, como muestran las denuncias y videos difundidos, algunos asistentes destruyeron asientos, deterioraron áreas del recinto y utilizaron sus instalaciones como si fueran propiedad ajena, entonces estamos frente a una conducta que merece una condena firme y consecuencias legales.
Una instalación deportiva no es un objeto desechable. Es un patrimonio construido con recursos públicos y destinado al disfrute de toda la sociedad. Dañar sus butacas, paredes, baños, accesos o cualquier otra área no significa “llevarse un recuerdo” de un evento: significa atentar contra un bien que pertenece a todos los dominicanos.
La Arena del Cibao representa décadas de historia deportiva, cultural y social. El recinto fue inaugurado originalmente en 1980 y posteriormente reconstruido para acoger competencias, espectáculos y actividades multitudinarias. Por eso resulta inaceptable que, después de una jornada que debía servir para celebrar el deporte, algunas personas hayan convertido el lugar en escenario de destrucción y desorden.
No fue emoción: fue irresponsabilidad
Hay una diferencia enorme entre celebrar, gritar, saltar y apoyar a nuestros atletas, y comportarse como si la ausencia de autoridad permitiera romperlo todo. El entusiasmo no justifica el vandalismo; la pasión deportiva no otorga licencia para agredir, destruir ni poner en riesgo la seguridad de otros asistentes.
También debe llamar profundamente la atención el lanzamiento de un objeto durante la carrera de Marileidy Paulino. La atleta dominicana, campeona olímpica y una de las figuras más importantes del deporte nacional, compitió en Santo Domingo 2026 y ganó la medalla de oro en los 400 metros, estableciendo además un nuevo récord regional. En medio de ese momento histórico, lanzar objetos hacia la pista constituye una grave imprudencia y una falta de respeto no solo contra la deportista, sino contra todos los atletas que participan en la competencia.
¿Qué habría ocurrido si el objeto impactaba a Marileidy o a otra corredora? ¿Qué habría sucedido si provocaba una caída, una lesión o alteraba el resultado de la prueba? Las autoridades no deben esperar a que ocurra una tragedia para reconocer que este tipo de conducta es peligrosa.
Las autoridades deben actuar
La respuesta institucional no puede limitarse a retirar los objetos lanzados, limpiar el recinto o anunciar que se repararán los daños. Es necesario identificar a los responsables mediante las cámaras de seguridad, recopilar las evidencias disponibles y aplicar las sanciones correspondientes, siempre respetando el debido proceso.
Quien destruye una propiedad pública debe responder por los daños ocasionados. Y quien lanza un objeto hacia una pista deportiva debe ser investigado, porque su acción pudo haber puesto en peligro la integridad física de los competidores.
Las autoridades deportivas, la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organizadores de los eventos tienen que revisar sus protocolos de seguridad. Se necesitan controles de acceso más rigurosos, prohibición efectiva de objetos peligrosos, vigilancia en las gradas y mecanismos claros para expulsar y someter a quienes alteren el orden.
La impunidad también educa. Cuando una persona destruye una butaca y se marcha sin consecuencias, el mensaje para los demás es que el patrimonio público puede ser maltratado sin temor. En cambio, una sanción proporcional, pública y legalmente sustentada demostraría que el Estado protege sus instalaciones y que la ciudadanía debe responder por sus actos.
Un espejo de nuestra conducta
Este episodio debe llevarnos a una reflexión más profunda sobre el comportamiento de los dominicanos en los espacios públicos. Con frecuencia exigimos mejores instalaciones, mejores servicios y mayor inversión, pero una parte de la sociedad actúa como si aquello que es de todos no fuera responsabilidad de nadie.
El país no puede avanzar si confundimos libertad con libertinaje, celebración con violencia y derecho al entretenimiento con autorización para destruir. La educación cívica no puede quedarse en los discursos de las escuelas ni en las campañas institucionales; debe reflejarse en la manera en que cuidamos un parque, un estadio, una estación de transporte, una playa o una arena deportiva.
La Arena del Cibao no debe ser recordada por los daños causados por unos cuantos desaprensivos. Debe ser un lugar donde las familias puedan acudir con seguridad, donde los atletas reciban admiración y donde el orgullo nacional no termine convertido en vergüenza.
La sociedad dominicana está llamada a exigir castigos severos dentro del marco de la ley, pero también a revisar sus propios hábitos. El respeto por lo público comienza con una decisión individual: no romper, no lanzar objetos, no agredir y no guardar silencio frente al vandalismo.
Celebrar a nuestros campeones implica comportarnos a la altura de sus sacrificios. Marileidy Paulino corre para poner en alto el nombre de la República Dominicana; quienes acuden a verla competir tienen el deber mínimo de honrar ese esfuerzo con respeto, disciplina y civismo.
A esta vergonzosa conducta se suma un hecho de extrema irracionalidad: mientras Marileidy Paulino se aproximaba a la meta en la final de los 400 metros, una persona que aún no ha sido identificada lanzó un objeto hacia la pista. El incidente, además de constituir una muestra deplorable de irrespeto, pudo haber provocado una caída, una lesión o la alteración de una competencia en la que la atleta dominicana conquistó el oro con tiempo de 48.94 segundos y estableció un nuevo récord de los Juegos.
No existe celebración, emoción ni euforia que justifique una acción tan peligrosa. Marileidy no solo representaba a la República Dominicana; también competía ante toda la región y defendía el resultado de años de sacrificio, disciplina y preparación. Lanzar un objeto durante su carrera fue un acto irresponsable que pudo convertir una jornada histórica en una tragedia deportiva.
Las autoridades deben revisar las grabaciones, identificar al responsable y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley. El anonimato momentáneo no puede convertirse en impunidad. Quien atenta contra la seguridad de un atleta en plena competencia debe responder por sus actos y servir de ejemplo para que semejantes conductas no vuelvan a repetirse.
