¡De colega a “paciente”! Senasa 2.0: doctora asegura que aparece como beneficiaria de una cirugía que nunca recibió
Inacif confirmó que la firma atribuida a la galena no correspondía a su escritura auténtica
ENFRENTADOS NEWS .- Una doctora apareció como paciente de un médico implicado en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) 2.0, además de haber sido supuestamente sometida a un procedimiento quirúrgico que asegura nunca haberse realizado.
Según establece la solicitud de medida de coerción del caso Cobra 2.0 presentada por el Ministerio Público, la doctora Laura Virginia Vargas Cabrera, especialista en oftalmología y afiliada al régimen contributivo de Senasa, cuyo nombre figura en una reclamación médica correspondiente a una anexectomía, procedimiento consistente en la extracción total o parcial de una uña.
De acuerdo con el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la reclamación fue reportada al seguro el 12 de julio de 2024 por el médico José Luis Díaz Hernández, pero, cuando Vargas Cabrera fue interrogada durante la investigación, negó haberse sometido al procedimiento.
La particularidad del caso es que la doctora sí conocía al médico que aparecía como responsable de atenderla, pero no porque hubiera sido su paciente.
Ambos laboraban en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
“Aunque conoce al imputado José Luís Díaz Hernández por laborar ambos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, nunca ha sido su paciente”, establece la solicitud de coerción al resumir la declaración de Vargas Cabrera.
De colega a supuesta paciente
Según la tesis presentada por el Ministerio Público, los registros convertían así una relación laboral real entre dos profesionales de la salud en una relación médico-paciente que Vargas Cabrera asegura que nunca existió.
Pepca señala específicamente que la oftalmóloga negó haberse sometido a la anexectomía que aparece en la reclamación médica reportada por Díaz Hernández el 12 de julio de 2024.
La declaración de la doctora llevó la investigación a otro elemento fundamental, la firma que aparecía en el formulario como si ella hubiese autorizado o reconocido el servicio.
Inacif: la firma no correspondía a la doctora
El formulario fue sometido a una experticia caligráfica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Según Pepca, el informe pericial D-0419-2025 concluyó que las firmas colocadas a nombre de Laura Virginia Vargas Cabrera en el formulario correspondiente al 12 de julio de 2024 “no se corresponden con su firma auténtica ni con sus rasgos caligráficos individuales”.
El hallazgo resulta relevante porque no se trata únicamente de una paciente que dice no recordar un procedimiento: en este caso, el expediente incorpora una experticia forense sobre la firma utilizada para respaldar documentalmente la reclamación.
De acuerdo con la interpretación del Ministerio Público, esto constituye evidencia de falsificación y utilización de documentos falsos para sustentar reclamaciones por servicios médicos que no habrían sido prestados.
Pepca dice encontró más casos bajo el mismo patrón
El expediente señala que el caso de Vargas Cabrera no fue presentado de manera aislada.
Inmediatamente después, Pepca identifica a otros tres afiliados, Ignacio Feliz Amador, Miguel Antonio Sánchez Barrera y Ronald Magallanes, a quienes, según la acusación, también se les atribuyeron procedimientos médicos mediante formularios de reclamación falsificados.
Para esos casos, el Ministerio Público cita además los informes periciales D-0256-2026 y D-0420-2025 como parte de los elementos utilizados para sustentar su investigación.
Un caso que ilustra cómo habría funcionado el mecanismo
El episodio de Vargas Cabrera coincide con el patrón general que Pepca atribuye al grupo investigado, utilizar información verdadera de afiliados para generar documentación correspondiente a servicios que, según los afectados, nunca recibieron.
En este caso particular, había una afiliada real, un médico real que ella efectivamente conocía, una reclamación por una onicectomía y un formulario que contenía una firma atribuida a la supuesta paciente.
Pero la doctora declaró que nunca fue paciente de Díaz Hernández y nunca recibió ese procedimiento, mientras que la experticia forense concluyó que la firma colocada a su nombre tampoco correspondía con la auténtica.
El Ministerio Público atribuye a Díaz Hernández la utilización de formularios con firmas apócrifas para reportar servicios médicos inexistentes y obtener pagos de Senasa.
