En el ocaso de Abinader: ¿corrección de rumbo, cálculo electoral o estrategia para recuperar la confianza?

Redacción. Jhon diaz

ENFRENTADOS NEWS .- Las recientes modificaciones realizadas por el presidente Luis Abinader en el tren gubernamental han provocado una reacción que va más allá de los decretos y los nuevos nombramientos. Legisladores oficialistas han valorado positivamente los movimientos, pero también han formulado nuevas demandas: más cambios, mayor participación de las bases del Partido Revolucionario Moderno y una administración menos concentrada en los mismos grupos de siempre.

La oposición, por su parte, interpreta la reorganización como una señal de deficiencia en la gestión y cuestiona que algunos movimientos puedan terminar siendo simples rotaciones de funcionarios.

A estas alturas, Abinader ya no está formando un gobierno. Está comenzando a cerrarlo.

Justo a la mitad de su segundo período, el presidente ha movido piezas en áreas importantes del Estado, desde la Cancillería y la vivienda hasta el transporte, las emergencias, la aviación civil, el sector eléctrico y los mandos militares.

La pregunta que queda sobre la mesa es incómoda, pero inevitable: ¿está buscando mejorar la administración o tratando de encontrar con quién podrá terminar bien lo que le queda de mandato?

Cambiar también es admitir

Todo cambio gubernamental contiene un mensaje.

Cuando un presidente sustituye, mueve o reposiciona funcionarios, está diciendo de manera explícita o implícita que algo puede hacerse de otra forma. Puede admitir una falla de ejecución, una pérdida de confianza, un desgaste acumulado o la necesidad de imprimirle otra velocidad a la gestión.

Sería un error que un gobernante descubra que algo no funciona y decida mantenerlo igual por orgullo, comodidad o miedo al costo político.

Pero también sería ingenuo creer que todo cambio responde exclusivamente a razones técnicas. En la política dominicana, cada designación tiene una dimensión administrativa y otra partidaria. Cada salida abre una vacante. Cada traslado redistribuye influencia. Cada nombramiento puede ser leído como premio, castigo, advertencia o señal hacia el futuro.

Por eso conviene preguntar:

¿Se está cambiando a quienes no cumplieron o se les está buscando una salida decorosa?

¿Los funcionarios cuestionados están siendo removidos o simplemente reubicados?

¿Se trata de una evaluación de resultados o de una negociación entre sectores?

¿El presidente está corrigiendo la gestión o ajustando el equilibrio interno del PRM?

No todos los cambios son iguales

No es lo mismo sustituir a un funcionario que agotó su ciclo que trasladar a uno con resultados verificables. No equivale renovar una estructura ineficiente a cambiar de despacho a los mismos responsables de los problemas.

La senadora Ginette Bournigal había reclamado cambios en el Gobierno y señaló particularmente al director del Intrant, al considerar que debía ser sustituido. Otros legisladores oficialistas también han planteado que funcionarios con seis años en sus posiciones deben dar paso a nuevos dirigentes y profesionales.

Esa demanda contiene una verdad política: las bases y los legisladores no solo quieren votar por el partido; también quieren participar en el poder que ayudaron a construir.

Pero hay otra pregunta que no debe evadirse: ¿la renovación se hará con criterios de capacidad o será una simple distribución de cargos entre quienes reclaman una cuota?

El Gobierno no puede convertirse en una oficina de compensación para dirigentes impacientes. Tampoco puede permanecer cerrado a la militancia que trabaja en las calles, en las provincias y en los municipios mientras los mismos rostros se turnan los principales despachos.

La participación de las bases es legítima. La incompetencia, venga de donde venga, no lo es.

El reclamo de las bases

Los legisladores del PRM han pedido que el Gobierno escuche más a la militancia y tome en cuenta a las bases y a las distintas provincias en la segunda etapa de la gestión.

El reclamo es político, pero también social. En muchas comunidades, las bases sienten que fueron indispensables para ganar las elecciones y prescindibles para gobernar. Son convocadas durante las campañas, pero ignoradas al momento de definir políticas públicas, designaciones y prioridades territoriales.

Ahí aparece una contradicción que el oficialismo debe resolver:

¿Puede un partido gobernar con legitimidad interna si sus bases solo son consultadas cuando llegan las elecciones?

¿De qué sirve fortalecer la estructura del PRM si sus dirigentes locales no tienen canales reales de participación?

¿La inclusión de las bases será una apertura institucional o una estrategia para contener el descontento?

¿Se escuchará a las provincias o solo a los grupos con acceso directo al Palacio Nacional?

El presidente acaba de asumir también la presidencia del PRM, en una reorganización partidaria presentada como un acuerdo de consenso. Esa doble condición jefe del Estado y líder del partido oficialista aumenta la presión para que las decisiones gubernamentales no parezcan simples movimientos de equilibrio interno.

El Gobierno debe demostrar que incorpora a las bases por convicción institucional, no porque teme que el malestar termine afectando la sucesión de 2028.

El riesgo de cambiar para que todo siga igual

Abinader se enfrenta a la posibilidad de cambiar para que todo siga igual.

Si los nuevos incumbentes reciben los mismos problemas, reproducen las mismas prácticas y ofrecen las mismas excusas, el movimiento será cosmético. Cambiar caras es fácil. Cambiar resultados no.

La medida del éxito debe responderse con hechos:

¿Mejoró la ejecución?

¿Se destrabaron proyectos?

¿Aumentó la coordinación?

¿Se redujeron las quejas?

¿Se recuperó la confianza?

¿Se atendieron las provincias?

¿Se hicieron responsables quienes no cumplieron?

Los nuevos funcionarios no pueden limitarse a ocupar sus cargos, inaugurar reuniones y repetir el discurso oficial. Deben producir resultados medibles.

Un cambio en el Intrant debe reflejarse en el tránsito. Un relevo en las instituciones de emergencia debe mejorar la respuesta ante los desastres. Una renovación en la Cancillería debe fortalecer la política exterior. Los movimientos en el sector eléctrico deben contribuir a resolver problemas que afectan a hogares y empresas.

De lo contrario, el Gobierno habrá cambiado el elenco sin cambiar la obra.

Los estrategas ya están mirando

Toda reorganización gubernamental, a mitad de un segundo mandato, tiene efectos sobre el partido oficialista.

El PRM se encamina hacia 2028 con sus principales corrientes tratando de preservar espacios, construir liderazgo y evitar una confrontación temprana. La nueva dirección partidaria incorpora representantes de sectores diversos, mientras Abinader conserva la capacidad de arbitrar el proceso.

Los estrategas políticos observan quién llega, quién sale, quién asciende y quién queda con una posición desde la cual puede proyectarse.

¿Es posible que algunos cambios estén diseñados para fortalecer la gestión y, simultáneamente, preparar el terreno electoral?

¿Los nuevos funcionarios serán evaluados por su desempeño o por su lealtad?

¿Habrá margen para que las distintas aspiraciones del PRM crezcan libremente?

¿O el presidente administrará el partido y el Gobierno para impedir que la sucesión se adelante?

El oficialismo debe entender que la estabilidad no puede confundirse con silencio.

Un partido puede evitar una crisis pública y conservar, al mismo tiempo, un conflicto interno sin resolver.

El último tramo construye el recuerdo

Los gobiernos suelen ser recordados menos por la emoción con que comenzaron que por la sensación con que terminaron.

Los últimos años consolidan los logros o magnifican el desgaste. Es cuando aparecen la fatiga, los conflictos internos, la sucesión y la tentación de administrar simplemente lo conseguido.

Abinader comenzó en 2020 con un enorme capital político y llegó a 2024 con suficiente respaldo para reelegirse. Pero ningún presidente puede gobernar eternamente con el crédito del comienzo.

A estas alturas ya no basta con recordar lo que encontró. Ni siquiera con enumerar lo realizado. El último tramo exige decidir qué falta, quién puede hacerlo y qué está dispuesto a corregir para conseguirlo.

También exige responder a una demanda que ya no puede ser ignorada:

¿Quiere el Gobierno terminar con los funcionarios de siempre, con los dirigentes de las bases o con los mejores servidores públicos disponibles?

La respuesta definirá el carácter de esta etapa.

¿Cómo termina?

Los nuevos funcionarios no llegan únicamente a ocupar oficinas. Llegan a construir o a deteriorar la memoria final de una administración.

Si logran mejorar la ejecución, destrabar proyectos y recuperar confianza, los cambios habrán tenido sentido. Si se limitan a redistribuir cuotas partidarias, confirmar lealtades y trasladar problemas de un despacho a otro, la ciudadanía los recordará como una operación de maquillaje político.

Los que aún quedan en el Gobierno deberían ayudar a Abinader a terminar bien. Eso supone trabajar, corregir, rendir cuentas y entender que el segundo mandato no es una recompensa permanente: es una responsabilidad que se acerca a su evaluación definitiva.

El tiempo aún le permite al presidente lograr resultados; lo que ya no tiene es margen para confundir movimiento con avance. La falta de continuidad administrativa en despachos clave genera una honda confusión: EDEESTE registra 6 cambios de titular; la Policía Nacional e INTRANT, 5; Juventud, 4; e instituciones como Migración, Educación, Pasaportes, INABIE e INAIPI suman 3 cambios cada una.

Porque en política, como en tantas cosas:

No es como se comienza.
Es como se cambia.

Y, sobre todo, es como se termina.